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viernes, 29 de julio de 2016

Derecho a réplica: El diario La Nación nos perjudica difundiendo información errónea sobre el empleo en el Min. de Hacienda

Desde la Junta Interna de ATE MECON queremos clarificar información que salió erróneamente públicada en el diario La Nación el día sábado 23/7/2016, firmada por Maia Jastreblansky, titulada “Al menos la mitad de los despedidos del Estado nocumplía ninguna función”. Entendemos que la falta de confirmación con otra fuente -y un título “desafortunado” (por decirlo de alguna manera)- genera una estigmatización de los trabajadores y trabajadoras estatales. Esa estigmatización deslegitima los reclamos que estamos llevando adelante contra los despidos, por salario al menos igual a la canasta familiar, por la estabilidad laboral que la Constitución estatuye, jardines materno-paternales en los lugares de trabajo y otras tantas reivindicaciones que este Gobierno y el anterior no han querido escuchar.

Justificaciones inexactas e incoherentes
Consideramos importante desagraviar a las y los despedidos, que según la nota en cuestión se encuadrarían en la “duplicación o ausencia de tareas” en nuestro organismo. Lo desmentimos categóricamente, ya que las consecuencias de difundir esta información equivocada perjudican a todos los y las estatales, y a nuestras luchas en particular.
Quienes han sido despedidos de nuestro ministerio cumplían tareas y funciones específicas. El número total de despidos alcanzó los 187 casos, de distintas áreas, formas de contratación y antigüedad de pertenencia al Estado. Esa supuesta justificación que aduce la nota no fue esgrimida por las autoridades de este Ministerio en las innumerables reuniones que tuvimos con sus interlocutores. Aún si hubiera habido 97 casos “justificados”, bajo esa misma lógica no se explica la cerrazón de Alfonso Prat Gay para reincorporar a los restantes 90 despedidos. La interpretación que se deduce de la nota no resiste el menor análisis o una contrastación de fuentes.
Vale resaltar que el número de 97 trabajadores/as supuestamente “sin funciones” coincide con el personal de la Red Territorial del Plan Progresar, despedidos absolutamente todos/as el 31 de marzo. Este sector completo de trabajo fue dejado sin tareas en diciembre y al llegar a abril el indicador más medible de sus tareas, la cantidad de beneficiarios de ese plan en todo el país, se vio reducida en 400.000 jóvenes (pasando de 1.000.000 a 600.000).

Contrataciones de los últimos tres años, fraude laboral, derechos adquiridos negados
En el texto que respondemos se abre un manto de duda sobre las contrataciones de los últimos 3 años. Rechazamos ese “enfrentamiento generacional”: somos trabajadores/as quienes de hecho exigimos una carrera que contemple la estabilidad laboral. El Gobierno actual no está dando ningún paso en la dirección de proveer un régimen de ingreso transparente a la administración pública, mantiene los fraudulentos contratos vía universidades (que se quedan con el 10% de los salarios) y las contrataciones a término, reñidas con la estabilidad que la Constitución plantea e incluso con la Ley 25.164 –Ley Marco de Empleo Público- (que acota a un 15% por organismo a esas modalidades). Incluso la actual gestión demora la efectivización del ingreso a la carrera de la planta permanente a 700 compañeros/as que participaron de un concurso público y con veeduría gremial durante el 2015, violando un derecho adquirido.

¿Ahorro fiscal o gasto en funcionarios?
La nota no detalla que el supuesto ahorro producido por los despidos es visto compensado por un tendal de contrataciones a funcionarios con altos salarios (ha habido resonantes casos en la SSN, SRT e incluso en nuestro organismo, donde se han contratado varios asesores por $50.000 (es posible conocerlos con el siguiente link) luego de despedir trabajadores que cobraban $6.000).

¿Evaluación para recontratar o lucha por la continuidad?
Son erróneos los números de recontrataciones, que rastreando distintas fuentes de nuestro sindicato y de diversas asambleas, llegan a más de 2500, subestimando la capacidad de respuesta de los trabajadores/as y homologando esas revinculaciones a los únicos casos comprobados de “despidos injustificados”.
No hay buena fé por parte de la información que difunde el Ministerio de Modernización sobre la situación del Estado. Tampoco tenemos confianza alguna en sus “evaluaciones” que son secretas y que no hay posibilidad de acceder a ellas (tampoco para el periodismo). Es dañino difundir únicamente la versión oficial, con liviandad y sin información completa sobre esta situación que ha generado un enorme conflicto protagonizado por miles de trabajadores y trabajadoras.

Tal como venimos sosteniendo con nuestra práctica cotidiana, el camino por todos nuestros derechos como trabajadores/as es la Unidad y Lucha.

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